El miércoles 23 de abril se promulgó la ley 21.740, que modifica el Código de Aguas, enfocándose en la mejora del procedimiento de fiscalización y vigilancia que realiza la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta reforma reduce los tiempos de tramitación, introduce la notificación digital, ofrece incentivos para el pago de multas y facilita la corrección temprana de infracciones menores.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que las nuevas atribuciones de la DGA permitirán agilizar los procedimientos de fiscalización, brindando respuestas rápidas a la ciudadanía y facilitando la corrección de pequeñas infracciones sin sanciones. Resaltó que el objetivo ”es vigilar el buen uso del agua, no la recaudación fiscal”. Por su parte, el director general de Aguas explicó que la modificación, que fue ingresada en diciembre de 2023, ”permite a la DGA trabajar de manera más eficiente y otorga facultades a municipios y otros órganos del Estado para ejecutar medidas como la paralización de obras, además de posibilitar notificaciones tanto presenciales como electrónicas.”
En la Región de Antofagasta, la nueva ley permitirá un control fiscalizador más eficiente. Durante 2024, la DGA abrió 198 investigaciones por posibles infracciones al Código de Aguas, concluyendo 206 procesos, 106 de ellos con multas, 77 correspondientes a 2024 y 29 a 2023. El seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, destacó que la modificación refuerza la labor de la DGA y el compromiso con la gestión sostenible del recurso hídrico en la región, que enfrenta una escasez significativa de agua.
La ley también facilita la resolución de infracciones menores mediante un procedimiento simplificado. Para aquellas faltas cuya sanción esté entre 10 y 500 UTM, que ocurran en zonas de escasez hídrica o que no necesiten fiscalización en terreno, el presunto infractor podrá aceptar los cargos antes de que venza el plazo para presentar descargos. En estos casos, se aplicará un 25% de descuento sobre la multa correspondiente.
Otra de las modificaciones importantes es que la DGA podrá ordenar la paralización de la extracción ilegal de aguas en zonas de escasez o cuando la infracción afecte el suministro de agua para consumo humano o uso doméstico esencial. Además, se otorgan 30 días hábiles para que el infractor corrija desviaciones menores sin enfrentar una multa ni expediente sancionador. Por último, quienes paguen las multas dentro de los 9 días hábiles posteriores a la notificación y sin presentar recursos de reconsideración podrán acceder a un 25% de descuento en la sanción económica.
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