El conflicto entre los propietarios de minicasinos y el municipio ha alcanzado un nuevo nivel, con la reciente demanda presentada por una ciudadana contra la autoridad local. El motivo de la querella radica en la negativa del municipio a otorgar una patente comercial definitiva para la operación de un minicasino, a pesar de que la solicitud fue realizada en el primer semestre de 2024. Esta acción legal no solo busca la obtención de la patente, sino también una indemnización por la presunta violación al derecho al libre comercio de juegos electrónicos.
Héctor Mella, director CEO del grupo Jurídico Lex y representante legal de la demandante, explicó que la municipalidad ha rechazado sistemáticamente la entrega de la patente sin proporcionar argumentos sólidos. Mella destacó que su representada ha cumplido con todos los pagos exigidos por concepto de patentes en el Departamento de Rentas, lo que refuerza la legitimidad de su reclamo. Según Mella, la situación es insostenible y requiere una resolución judicial para corregir lo que consideran una injusticia.
La Superintendencia de Casinos y Juegos, a través del oficio 078, ha avalado la legalidad de las máquinas operadas en el minicasino, declarando que son lícitas y pueden ser objeto de una patente comercial. Este respaldo es fundamental para la defensa de la demandante, quien sostiene que su actividad comercial es completamente legítima y debe ser reconocida por la autoridad local. La negativa del municipio, argumentan, carece de fundamento jurídico y va en contra de las disposiciones legales vigentes.
Finalmente, Mella subrayó que no existe evidencia de actividades ilícitas relacionadas con la explotación de juegos de azar en el minicasino de su clienta. Afirmó que ningún delito ha sido probado en contra de su representada o de cualquier otro operador del local. La demanda presentada busca restablecer el derecho al libre ejercicio comercial y obtener una compensación por los daños sufridos debido a la postura inflexible del municipio.
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