El Consejo para la Transparencia presentó el Informe Global de Fiscalización 2024, que evaluó el cumplimiento de normas de transparencia activa en las 345 municipalidades del país. Este análisis, realizado entre junio y septiembre, combinó métodos semiautomatizados y revisiones manuales para verificar la disponibilidad, actualización e integridad de la información exigida por la Ley de Transparencia.
La metodología incluyó el uso de datos del Portal de Transparencia y revisiones manuales en ítems clave como presupuestos, compras públicas y actos administrativos. Se destacó una revisión exhaustiva de 8.895 registros disponibles en sistemas mixtos o propios, y una observación directa en 31 municipios que publican información en sus sitios web independientes.
A nivel nacional, el índice de cumplimiento promedio fue de 78,1%, evidenciando una leve disminución respecto al año anterior. Las regiones del norte obtuvieron los peores resultados, con Antofagasta liderando los niveles más bajos al alcanzar solo un 60,8% de promedio, por debajo del estándar mínimo esperado. En contraste, Atacama y Aysén registraron los índices más altos, con 84,7% y 84,1%, respectivamente.
El análisis por materias reguladas evidenció que las áreas más críticas en cumplimiento son “Presupuesto asignado y ejecución”, “Adquisiciones no sometidas al sistema público” y “Actos y resoluciones con efectos sobre terceros”, todas con índices por debajo del 61%. Esto refleja un estancamiento en la implementación de las nuevas normativas de transparencia activa en estas áreas prioritarias.
En la región de Antofagasta, los municipios con menores puntajes fueron Calama y Sierra Gorda, con índices de 46,06% y 47,28%, respectivamente. Estos resultados los posicionan entre los diez municipios con peor desempeño nacional, junto a María Elena, que obtuvo el puntaje más bajo de todo el país con un 2,82%. En contraste, Antofagasta alcanzó un desempeño moderado con un 73,40%, siendo el mejor evaluado en la región.
A nivel nacional, las municipalidades con mayores niveles de cumplimiento fueron Providencia, Osorno, O’Higgins y Freirina, todas con un índice perfecto del 100%. Esto demuestra la posibilidad de alcanzar estándares de transparencia efectivos, aunque con marcadas diferencias regionales.
Finalmente, el informe enfatiza la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los municipios, especialmente en regiones con menos recursos, para avanzar en el cumplimiento de las exigencias legales. Esta disparidad refuerza la urgencia de priorizar políticas públicas que reduzcan la brecha de transparencia entre las distintas zonas del país.
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