Los militares fuertemente armados que irrumpieron en la sede de Gobierno de Bolivia con una tanqueta, bajo el mando del comandante general del Ejército Juan José Zúñiga, se retiraron después de que el presidente Luis Arce reemplazara a todo el alto mando militar. El presidente Arce consideró la acción como un “intento de golpe de Estado”.
Zúñiga, quien amenazó con cambiar el “gabinete de Gobierno” para “establecer” la democracia en Bolivia, lideró la movilización de un grupo de militares, lo cual fue interpretado por el presidente Arce como una tentativa de derrocar al gobierno. El grupo militar entró a la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno en La Paz, tras derribar las puertas con un tanque, permaneciendo dentro por siete minutos antes de retirarse.
Al salir de la sede del Ejecutivo, Zúñiga declaró a los medios que liberaría a “todos los presos políticos”, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez y al gobernador opositor Luis Fernando Camacho. Los rumores sobre la destitución de Zúñiga y otros altos mandos militares circulaban desde el martes. El presidente Arce confrontó a Zúñiga en la entrada de la Casa Grande del Pueblo, ordenándole que replegara a los militares.
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Después del retiro de las fuerzas militares, la Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció una investigación penal contra el destituido general Juan José Zúñiga y todos los militares involucrados. El fiscal general Juan Lanchipa dispuso el inicio de acciones legales para investigar los hechos ocurridos en La Paz, calificándolos como ilícitos penales.
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