Belén Cortés Saavedra
Con el objetivo de modernizar la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) mediante la reforma de su modelo de gobernanza y la modificación de aspectos clave de su administración, el ministerio de Minería ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca modificar el gobierno corporativo de la estatal. La iniciativa fue informada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados a principios de la semana pasada y hoy comenzó su discusión ante la Comisión de Minería y Energía de la misma Cámara, donde se dio inicio al análisis del proyecto en su primer trámite constitucional y reglamentario.
Durante su presentación, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que el fortalecimiento de ENAMI es un “compromiso presidencial del programa de gobierno” y que su objetivo es “mejorar la gestión interna y el desempeño operativo de la empresa pública”. Añadió que esta iniciativa busca fortalecer “un modelo de pequeña minería único en el mundo” y aseguró que “esperamos que la discusión de este proyecto nos arribe a un nuevo gobierno corporativo conforme a los estándares actuales”. También destacó que el proyecto considera las recomendaciones de la OCDE para asegurar una gobernanza más “transparente y responsable”.
El proyecto reformula la estructura del directorio de ENAMI, reduciéndolo de diez a siete miembros. De estos, dos serían designados por el Presidente de la República, uno de los que presidiría la mesa. Además, se establecería paridad en el directorio y se realizaría una renovación parcial. También se reservaría un puesto para los trabajadores de ENAMI, quienes podrán participar en la designación a través de federaciones, sindicatos o directamente desde la base laboral de la empresa. Los otros cuatro directores restantes serían propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) para la aprobación del Presidente.
La iniciativa también establece que los directores permanecerían en sus cargos por un período de cuatro años, con la posibilidad de renovar su mandato por una única vez. Asimismo, ENAMI quedaría bajo la fiscalización de Cochilco, la Contraloría General de la República y la Comisión para el Mercado Financiero. También se propone que la Vicepresidencia Ejecutiva y los principales ejecutivos de la empresa trabajen desde oficinas regionales definidas por ENAMI, excluyendo la Región Metropolitana para estos efectos.
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