Exfuncionarios municipales de Antofagasta deberán pagar $421 millones por ventas irregulares en cementerio

Los ilícitos ocurrieron entre 2015 y 2017 y que fueron condenados en sede penal como malversación de caudales públicos.
27/11/2024
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió condenar a los exfuncionarios municipales Misael Antonio Cortés Olivares, Richard Phillip Swaneck Ramírez y María Angélica Rojas Gutiérrez al pago solidario de $421.809.510 millones, como indemnización por daño emergente. Los hechos se relacionan con ventas irregulares de derechos de terrenos y construcción en el cementerio de la ciudad, ilícitos que ocurrieron entre 2015 y 2017 y que fueron condenados en sede penal como malversación de caudales públicos.

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En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –compuesta por los ministros Virginia Soublette Miranda, Juan Opazo Lagos y Eric Sepúlveda Casanova– confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, pero revocó la excepción de prescripción presentada por la defensa de María Angélica Rojas Gutiérrez. El tribunal determinó que su participación en los delitos fue indispensable, dado su rol como cajera, administrativa y encargada de ventas en el cementerio, lo que permitió el desarrollo de las acciones ilícitas.

El fallo también destacó que Rojas Gutiérrez reconoció su responsabilidad al aceptar los hechos imputados durante un procedimiento abreviado en 2021. Según la resolución, este reconocimiento interrumpió el plazo de prescripción, lo que permitió que el tribunal acogiera la demanda en su contra. Asimismo, se concluyó que el delito, que terminó de cometerse en julio de 2017, causó un daño significativo a la administración pública, justificando la indemnización demandada.

La suma establecida de $421.809.510 será destinada a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y se encuentra sujeta a reajustes e intereses, tal como se determinó en la sentencia civil original. Este monto busca reparar el perjuicio económico ocasionado por los delitos, que afectaron directamente los recursos públicos y la confianza en la administración municipal.

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