El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó este miércoles la prisión preventiva para la exconcejal Paz Fuica Contreras, luego de que el fiscal Cristian Aguilar Aranela formalizara siete nuevos delitos de fraude al Fisco en su contra, vinculados a las aristas TomArte y Fibra del denominado Caso Convenios. La medida responde a una solicitud del Ministerio Público, que argumentó el peligro que la imputada representa para la seguridad de la sociedad.
Hasta antes de esta resolución, Fuica solo estaba formalizada por su eventual participación en la arista Democracia Viva, por la cual se mantenía bajo arresto domiciliario total. Sin embargo, la ampliación del número de delitos y la vinculación con más fundaciones cambió el panorama judicial. El juez Marco Rojas Reyes sostuvo que “la necesidad de cautela de la imputada necesariamente ha variado”.
En su resolución, el magistrado explicó que los hechos que se investigan no se circunscriben a un caso aislado, sino a una serie de conductas reiteradas con un patrón común. “Hoy en día no son solo tres delitos de fraude al fisco los que se imputan, respecto de una sola fundación, sino que son diez ilícitos de la misma especie, ejecutados a través de una mecánica análoga en cada caso”, señaló el juez.

Además, el tribunal tuvo en cuenta la existencia de vínculos entre Fuica y otros imputados del caso. “La imputada mantenía con los otros imputados nexos relevantes de cercanía e incluso de carácter político”, afirmó el magistrado, descartando así la tesis de la defensa, que había sostenido que se trataba de un único delito continuado. Las nuevas acusaciones amplían la investigación a fundaciones con características similares, sin experiencia ni vínculos con las funciones pactadas en los convenios.
En la misma audiencia, el tribunal decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para la imputada Lorena Cisternas, quien también está siendo investigada en el marco del Caso Convenios. El Ministerio Público continúa avanzando en las indagatorias, mientras se espera la reprogramación de nuevas audiencias para revisar las medidas cautelares del resto de los involucrados.

