Dirigentes sindicales de Chuquicamata acusan “terrorismo laboral” e inician acciones legales contra la administración

Gremialistas presentaron dos denuncias en la Inspección del Trabajo.

Fue en una conferencia de prensa en el frontis del hospital del Cobre, que los dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata leyeron una declaración en la que acusaron a la administración de la división de ejercer “terrorismo laboral” y anunciaron que se encuentran en estado de alerta.

Los dirigentes comenzaron manifestando que “denuncian a la opinión pública el maltrato, violencia, agresividad y desprecio que los ejecutivos de nuestra administración están ejerciendo con todos los trabajadores y trabajadoras de Chuquicamata”.

Luego de lo anterior, detallaron que la transformación que protagoniza el mineral es a costa de los trabajadores, pues “sólo ha implicado despidos y externalizaciones. Todos los cumplimientos de metas, rebaja de costos y los supuestos números azules se sustentan en el castigo al recurso humano yno en una gestión de excelencia”.

Asimismo, plantearon que la participación de las y los trabajadores que publicita la empresa “es absolutamente falsa. Por el contrario, el estilo de administración iniciado el 2010 ha utilizado todos sus recursos para establecer el terrorismo laboral”.

Política que se la atribuyen a los altos ejecutivos de la empresa, detallando entre estos al presidente ejecutivo, Octavio Araneda, al vicepresidente Recursos Humanos Marcelo Álvarez, al vicepresidente de Operaciones Norte, Álvaro Aliaga, al gerente general de la División Chuquicamata, Nicolás Rivera, al gerente de Recursos Humanos Luis Galdames, al director de Relaciones Laborales, Alexei Escobar y al gerente del hospital, Juan Pablo Duclós.

Incluyendo en su acusación a “quien hoy ejecuta la acción ilegal de ingresar a las fichas medicas de los trabajadores, sin su autorización, la doctora Teresa Sepúlveda”.

Los dirigentes sindicales argumentaron que estos administradores no tienen la capacidad de liderar equipos de trabajo y que han incurrido en violaciones a los derechos humanos, a través de “una persecución descarnada, que sólo busca eliminar la fuerza laboral y, en consecuencia, debilitar a sus organizaciones sindicales”.

Precisaron que la empresa está aprovechando la emergencia sanitaria para desvincular personas y que el “supuesto resguardo”, solo sería para “eliminar puestos de trabajo, externalizar funciones, sin ningún sustento técnico, económico y productivo, para traspasarlo a empresas privadas”.

En este contexto, informaron que hoy presentaron dos denuncias en contra de la administración en la Inspección del Trabajo, “la primera en relación a la vulneración continúa a los derechos fundamentales al amenazar a los trabajadores con despedirlos sino se acogen a un plan de egreso”. La segunda guarda relación con “la invasión a la privacidad que han sufrido los trabajadores que han sido despojados de sus artículos personales al interior de las áreas laborales”.

Durante la conferencia, los sindicalistas argumentaron que seguirán con sus acciones judiciales y fiscalizadores para proteger a las y los trabajadores, como también hicieron un llamado a los parlamentarios a ejercer su labor.

“Llegó la hora que definan sus posturas y se pronuncien, protegen al pueblo y los trabajadores, manteniendo un Codelco Estatal, productivo y justo o simplemente avalan en Chuquicamata este terrorismo laboral, que lejos de buscar optimizar el recurso humano y operacional, su único interés es crear una política de esclavitud al interior de Codelco”, puntualizaron.

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