Un total de 342 municipalidades del país, el 90% del total, no ha remitido a la Subsecretaría de Prevención del Delito los Planes Comunales de Seguridad Pública ni las actas del Consejo Comunal correspondientes a 2024 y 2025, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.
El estudio clasifica a 110 municipios como “Urgentes”, es decir, con mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. En este grupo se encuentran comunas como La Florida, La Pintana y Alto Biobío. Seis de ellas incluso tienen sus planes de seguridad vencidos desde febrero de este año, lo que eleva el nivel de alerta institucional.
En el caso de Calama, la comuna figura entre las siete con alta vulnerabilidad donde no se ha cumplido con el mínimo legal de sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el cual exige al menos una reunión mensual. El informe señala que la ciudad solo ha registrado entre dos y seis sesiones durante 2024.
La Contraloría advierte que la ausencia de planes actualizados y la inactividad de los consejos comunales impiden una respuesta coordinada al delito, abriendo espacio a acciones improvisadas y reduciendo la capacidad de prevención de hechos delictivos a nivel local.
A nivel nacional, la entidad detectó que 24 municipios tienen sus planes vencidos y otros 40 no los han enviado. Además, 72 comunas entregaron actas con más de un año de retraso y 19 no registraron ninguna sesión reciente, lo que evidencia un debilitamiento de la gestión municipal en seguridad pública.
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