Belén Cortés Saavedra
CGE informó que interpondrá una querella tras una serie de robos de cables de cobre que han afectado a Sierra Gorda en los últimos días. En apenas tres días, bandas organizadas sustrajeron 12.000 metros de cables eléctricos, causando un corte total de energía en la comuna. El lunes 10 de marzo, en la madrugada, estas bandas derribaron 28 postes y robaron cerca de 6.000 metros de cable de cobre. Este robo se sumó a otro incidente días después, donde se vandalizaron 32 postes y se sustrajeron otros 6.000 metros de cable. En menos de una semana, en total, han sido dañados 60 postes y robados 12 kilómetros de cable eléctrico.
Ante la frecuencia y gravedad de estos delitos, Mario Vera, subgerente zonal de CGE en Antofagasta, confirmó que la empresa llevará el caso a la Justicia. “Nosotros como empresa vamos a interponer una querella, ya que estos robos son reiterados y están afectando gravemente la infraestructura eléctrica y la calidad de vida de los habitantes de Sierra Gorda”, declaró.
El robo de cables eléctricos en la región de Antofagasta ha ido en aumento. En lo que va de 2025, Sierra Gorda ya ha registrado el hurto de 12.000 metros de cable y la destrucción de 60 postes. Además, en Antofagasta, específicamente en Cerro Hidalgo, se reportó el robo de 753 metros de conductor eléctrico de aluminio, una modalidad menos común que muestra la diversificación del delito. CGE ha realizado las denuncias correspondientes ante Carabineros y el Ministerio Público y se mantiene en contacto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la seremi de Energía y la delegación presidencial para reforzar las medidas de seguridad en la zona.
En 2024, la Región Antofagasta, que abarca ciudades como Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Mejillones y Sierra Gorda, registró 73 casos de robo de cables, con un total de 29.012 metros de cable eléctrico sustraído. Este tipo de delito no solo provoca interrupciones en el suministro eléctrico, sino que también representa un grave problema de seguridad pública y una considerable pérdida económica. CGE reiteró su compromiso con la seguridad y la continuidad del suministro eléctrico, y urgió a las autoridades a intensificar las acciones contra este delito, que continúa afectando a miles de familias y comunidades en todo el país.
Mario Vera destacó el impacto económico y en la calidad de vida de la comunidad: “En 2024, el costo de reparación por este delito alcanzó aproximadamente los 500 millones de pesos a nivel regional. Solo en estos primeros meses de 2025, con los tres robos recientes, la cifra ya asciende a 700 millones de pesos en infraestructura eléctrica dañada. El robo de cables no solo deja a las personas sin electricidad, sino que también afecta a empresas, servicios públicos, colegios y centros de salud, forzándolos a suspender sus actividades”.
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