Belén Cortés Saavedra
El Consejo Regional de Antofagasta (CORE) sesionó de manera extraordinaria este miércoles tras la denuncia presentada por el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, en el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM). La fiscalía investiga un posible fraude al fisco y malversación de fondos públicos por un monto inicial de $132 millones.
Durante más de tres horas, los consejeros regionales analizaron el impacto de la denuncia y las medidas a tomar, considerando que CICITEM recibe financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Ante la incertidumbre sobre el uso de los recursos, el gobernador Díaz anunció la suspensión de la entrega de fondos hasta que se realice una auditoría. “Nuestra medida cautelar es congelar la entrega de recursos y financiar una auditoría para esclarecer los hechos”, afirmó.
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Díaz explicó que si bien los informes de Contraloría y la unidad de Control Interno del Gobierno Regional han demostrado que los recursos entregados se han rendido y justificado, la denuncia reveló movimientos contables que generan dudas. “Esta noticia quiebra las confianzas y plantea la necesidad de incorporar nuevas exigencias en nuestro manual de procedimientos, incluyendo la solicitud de informes financieros sobre el manejo de cuentas que reciben fondos del gobierno regional”, indicó.
Por su parte, el presidente del directorio de CICITEM, Jorge Molina Cárcamo, informó que el martes se tomó la decisión de designar a un interventor que realizará una auditoría integral de los procesos administrativos, contables y tributarios. “Esta persona también deberá organizar un concurso público para elegir un director titular en un plazo de tres a seis meses”, señaló Molina.
El directivo aseguró que, según la documentación revisada, existiría un fraude, aunque precisó que los recursos fiscales no estarían comprometidos. “Hemos recibido un informe del gobierno regional que indica que los $2.800 millones entregados al centro están completamente rendidos, quedando a la espera de eventuales observaciones o rechazos en los gastos”, explicó.
Finalmente, Molina anunció que se realizará una auditoría general para investigar a fondo los aspectos financieros y detectar posibles delitos. Esta será financiada con recursos del CORE, en caso de ser aprobada, o con fondos que el centro pueda recibir en el futuro.
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