Redacción
En una acción sin precedentes en la comuna, diversas organizaciones sociales y vecinos de Calama, junto al abogado Sergio Chamorro, representante jurídico de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile (FENAPO), anunciaron la presentación de una demanda contra el Estado de Chile por daño ambiental y vulneración del derecho a vivir en un entorno libre de contaminación. La acción judicial, que será ingresada este fin de semana, busca responsabilizar al Estado por más de 16 años de inacción y complicidad frente a una situación ambiental crítica.
“Esta demanda se interpone por el notable abandono, la negligencia y la falta de servicio del Estado con la comuna de Calama”, afirmó Chamorro ante el Concejo Municipal. El jurista precisó que la acusación se basa en diversos antecedentes, como el informe N°622 de la Contraloría General de la República, que califica como arbitrario e ilegal el plan de gestión de calidad del aire firmado en 2010 entre el Estado y empresas emisoras, entre ellas CODELCO.
Chamorro fue enfático en declarar que “existe una alianza entre el Estado y CODELCO para impedir que Calama tenga un plan de descontaminación real. Esta no es una declaración política, está respaldada por informes, investigaciones parlamentarias y decisiones judiciales”.
Tras la declaración de zona saturada por material particulado en 2009, el Estado debió implementar un plan de descontaminación. En cambio, suscribió un plan de gestión con las empresas contaminantes, eludiendo su obligación legal y dando pie a medidas superficiales sin efecto estructural. “Lo que hizo el Estado fue firmar un contrato con la principal fuente de contaminación para aparentar mejoras en la calidad del aire y evitar las obligaciones que establece la ley”, agregó.
El recurso legal también incorpora la sentencia del Tribunal Ambiental que anuló un plan de descontaminación por haber sido diseñado para una comuna en latencia, cuando Calama ya había sido declarada saturada. Adicionalmente, se cuestiona la aprobación de proyectos contaminantes, como la ampliación del tranque de relaves Talabre, sin contar con línea de base ambiental ni plan vigente.
La presentación de la demanda fue respaldada por más de 80 vecinos y vecinas que asistieron a la sesión del Concejo Municipal de Calama, instancia en la que se solicitó formalmente que el municipio se adhiera a la acción judicial. Tras la exposición del caso, el cuerpo de concejales aprobó por unanimidad la adhesión del municipio en calidad de tercero coadyuvante, conforme al artículo 54 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Desde las organizaciones sociales, la dirigenta Andrea Vázquez Alfaro, de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, respaldó la acción judicial e hizo un llamado a consolidar una alianza con el municipio: “Me parece que es la decisión correcta, puesto que el municipio representa a la comuna de Calama, que es la directamente afectada por años de abandono y negligencia consciente del Estado. Es coherente que el Cuerpo de Concejales apoye esta demanda, porque de lo contrario se volverían parte de los demandados”, señaló.
Vázquez también aclaró que esta demanda no busca polarizar a la comunidad ni enfrentar a trabajadores con ambientalistas: “La demanda no va en contra del derecho al trabajo, sino que busca hacer cumplir otros derechos que el Estado debe garantizar, como el de vivir en un ambiente libre de contaminación. No todos trabajamos en la minería, pero todos sufrimos sus efectos”, afirmó. Y añadió: “Esto no es contra los trabajadores ni las mineras como tales, sino contra un modelo minero que ha operado en cooperancia con un Estado indolente y negligente con este territorio”.
En esa misma línea, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, valoró la decisión del Concejo Municipal de apoyar la demanda y destacó la urgencia de asumir un rol activo frente al daño ambiental acumulado: “Es una necesidad crítica urgente de toda la provincia de El Loa. A través de las décadas, Calama, Chuquicamata y la comunidad de Alto El Loa han sido postergadas. El Estado debe priorizar esta tierra”, sostuvo.
El alcalde recalcó que esta acción no busca confrontar a la industria minera, sino exigir responsabilidad estatal: “No estamos en desacuerdo con la minería. Chile la necesita. Pero también necesitamos que el Estado garantice que esta actividad no afecte la salud ni el ambiente, especialmente cuando ya está comprobado que las familias han sido gravemente afectadas”.
La ciudadanía espera que con esta demanda se reconozca el daño acumulado en el territorio y se inicie un proceso de reparación integral para las comunidades afectadas. De no pronunciarse el municipio en los plazos establecidos por ley, podría ser considerado solidariamente responsable del daño denunciado.
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