Cerca de 650 millones de pesos podría pagar el municipio de Calama por despidos

Un espaldarazo dio la justicia a alrededor de 30 trabajadores que fueron despedidos del municipio, pues sentenció que se les paguen las cotizaciones legales desde que iniciaron sus labores y las remuneraciones que correspondan desde la desvinculación hasta el momento de la cancelación. Todo esto podría superar los 650 millones de pesos.

En el concejo municipal de hoy lunes el tema fue tratado en incidentes, donde los concejales Carolina Latorre y José Mardones expusieron su molestia respecto a cómo esta administración está tratando a los trabajadores y además cómo las malas decisiones están afectando el patrimonio comunal.

Caso

El sábado pasado salió el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que resolvió el recurso de nulidad presentado por el municipio ante una sentencia que obligaba a que pagara todas las cotizaciones desde el inicio de las relaciones laborales hasta el momento de la cancelación de las mismas y las remuneraciones correspondientes, pues más allá del tipo del contrato existía una vinculación laboral.

Concejala Carolina Latorre.

“Son alrededor de 30 trabajadores los que demandaron y el tribunal de instancia de Calama acogió la demanda en todas sus partes y estableció la existencia laboral de los trabajadores con el municipio y condenó en base a la ley Bustos que implica que les paguen las cotizaciones previsionales desde el inicio de la relación laboral, que en algunos de los casos es de más de 10 años”, explicó la concejal Carolina Latorre.

Agregó que “además se les debe pagar la remuneraciones aunque no hayan estado trabajando porque no se ha convalidado el despido. Son aproximadamente 650 millones de pesos los que se deben cancelar y que se hubiesen ahorrado de haber hecho bien las cosas”.

Latorre explicó que si bien existe otra instancia a la que podría recurrir el municipio, “declararon que no lo harán, porque cada día que pasa se suma un día más de remuneración. El alcalde Daniel Agusto sigue diciendo que fue una no renovación, cuando el tribunal dijo que sí había una relación laboral, por lo que fueron despidos y ya tiene una sentencia de la Corte de Apelaciones que lo ratifica”.

En tanto, dijo que en enero de este año ella le envió información acerca de una sentencia en un caso similar y las consecuencias que podrían existir de continuar con las desvinculaciones, pero el alcalde no lo habría considerado.

Por su parte, el concejal José Mardones se unió a las palabras de Latorre y enfatizó que buscarán asesoría legal porque no descartan acusar a Agusto de notable abandono de deberes por esta situación.

Concejal José Mardones.

“El alcalde puso en riesgo el patrimonio municipal y sobre todo porque no existen dineros para pagar y mientras más tiempo pasa es mayor la deuda. Con esta resolución voy a conversar con los abogados para ver si amerita una acusación de notable abandono de deberes”, recalcó Mardones.

Enfatizó en el hecho de que le advirtieron de las consecuencias de sus actos, como también que las desvinculaciones no sólo implicaban reducir el número de trabajadores, sino de “no tomar en cuenta la historia de cada uno de ellos, independiente si eran a contrata o a honorarios, porque incluso hay algunos con 15 años con este último sistema”

Mardones dijo que lo peor de esta administración y del alcalde es que siguen con los despidos, siendo los últimos afectados Diego Rojas y Ricardo Vilches y “no hay un mea culpa, hay una falta de manifestar que se equivocaron y de buscar una solución”.

“Esta administración es bastante mala. Se está trabajando bajo la mirada empresarial, del privado y no una de funcionarios públicos, de un municipio. Esto no es una empresa, hay un alcalde no un gerente o patrón de fundo”, puntualizó el concejal.

Municipio

En tanto, el encargado de asesoría jurídica del municipio, Carlos Ávalos, argumentó que se “ha actuado dentro del marco de la legalidad, con estricto apego a derecho, ejerciendo las facultades que establece la normativa vigente y siguiendo lo dispuesto por la Contraloría General de la República”.

Asimismo, enfatizó que este problema se originó en la administración anterior “ya que en los últimos tres años se aumentó excesivamente la cantidad de contratados a honorarios, otorgándoles beneficios que no corresponden, incluso superando en muchos casos a los beneficios que tienen los funcionarios municipales”.

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