Redacción
La Contraloría General de la República concluyó una investigación administrativa sobre la pérdida de una evidencia clave en el caso de violación grupal denunciado por una joven de 21 años en Calama. Se trataba de un vestido negro que usó la noche del ataque, incautado en 2021 por Carabineros y posteriormente extraviado por la Policía de Investigaciones (PDI), impidiendo pericias solicitadas por la defensa de la víctima.
El sumario determinó que el subcomisario Gonzalo Fuentes, de la Bicrim Calama, incurrió en graves faltas al buen servicio como funcionario público. Como consecuencia, el organismo liderado por Dorothy Pérez propuso su expulsión, aunque la decisión final recae en el jefe del servicio, Eduardo Cerna.
El caso, que involucra a nueve exfutbolistas juveniles del club Cobreloa, sigue bajo investigación penal por parte del Ministerio Público. La abogada de la víctima, Patricia Muñoz, dijo a La Tercera que el extravío como “una manifiesta negligencia” y recordó que la policía ya había demorado tres años en atender la denuncia, afectando la protección de la joven. No obstante, aseguró que la solidez del caso no se ve comprometida y espera sanciones ejemplares contra los responsables.
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“La pérdida de evidencia en cualquier investigación penal es particularmente grave”, sostuvo Muñoz, agregando que analizarán acciones legales contra las instituciones responsables por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. La PDI aún no se pronuncia sobre el futuro del funcionario sancionado.
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