El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, reaccionó este miércoles al fallo de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Calama para congelar la puesta en marcha del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur en la región. Chamorro reiteró su preocupación por la falta de garantías fundamentales antes de la implementación del SLEP y anunció que evaluará nuevas medidas legales.
Chamorro detalló tres puntos esenciales que necesitan resolverse antes de la transición hacia el modelo SLEP. Primero, el servicio de transporte escolar público aún no está garantizado, lo que afecta directamente a miles de estudiantes de la comuna. “No hemos sido informados oficialmente de que está garantizado el transporte escolar para nuestros niños”, indicó.
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En segundo lugar, expresó su preocupación por la falta de claridad respecto al cumplimiento de los convenios colectivos adquiridos con el cuerpo docente. “No tenemos información oficial de que se vayan a respetar los convenios colectivos de nuestra provincia de El Loa”, afirmó.
Finalmente, Chamorro denunció que los recursos necesarios para indemnizar a los trabajadores que quedarán cesantes aún no han sido entregados por el Ministerio de Educación, incumpliendo acuerdos previos. Según el alcalde, el ministro de Educación había comprometido públicamente que el Gobierno asumiría el costo de las indemnizaciones de los trabajadores, en coordinación con los municipios y las corporaciones locales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han asignado los fondos correspondientes. “En Calama, las indemnizaciones superan los $1.560 millones, y este compromiso no ha sido cumplido. Este mismo problema afecta a otros municipios como María Elena, donde el monto también es significativo, y los recursos no están disponibles. Esto deja a los municipios en una posición crítica”, subrayó Chamorro, enfatizando que los plazos para este compromiso estaban fijados para septiembre y no fueron respetados.
El alcalde adelantó que su equipo jurídico está revisando la posibilidad de presentar un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, como una estrategia paralela al proceso judicial. “Vamos a perseverar en nuestra posición y utilizar todas las herramientas legales posibles”, concluyó Chamorro, quien también advirtió que el modelo SLEP enfrentará problemas en su implementación durante 2025.
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