La Municipalidad de Antofagasta, encabezada por el alcalde Zacha Razmilic, emitió una declaración pública tras conocerse los resultados del Informe Final N.º 793/2024 de la Contraloría General de la República, que expone graves irregularidades administrativas y financieras cometidas durante la gestión del exalcalde Jonathan Velásquez. El documento, presentado en el último concejo municipal, identificó deficiencias en control interno, contrataciones directas injustificadas y uso indebido de recursos públicos, entre otros puntos críticos.
La actual administración expresó su preocupación por los hallazgos auditados entre enero y septiembre de 2024. En su declaración oficial, Razmilic subrayó que “adoptaremos las medidas pertinentes para dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias sobre procedimientos administrativos, con una mayor supervisión”. Estas medidas buscarán corregir las deficiencias heredadas y establecer un control más riguroso del gasto municipal.
El informe de Contraloría destaca múltiples irregularidades, entre las que figuran transferencias sin rendición de cuentas por más de $2.200 millones, pagos no respaldados adecuadamente, y uso inadecuado de recursos digitales para promocionar la figura del exalcalde. También se detectaron fallas en la supervisión del uso de vehículos municipales y autorizaciones irregulares en el pago de horas extraordinarias, afectando tanto la legalidad como la transparencia en la gestión pública.
En respuesta, la actual administración reafirmó su compromiso con la probidad y transparencia, enfatizando que “los recursos municipales deben ir en directo beneficio de la comunidad de Antofagasta y no para fines personales”. Asimismo, anunciaron que ya están implementando lineamientos para evitar irregularidades en tratos directos y priorizar los procesos de licitación, en cumplimiento estricto de la normativa legal.
Con este posicionamiento, la administración de Razmilic busca marcar un claro distanciamiento de los cuestionamientos que pesan sobre la gestión anterior, enfocándose en restaurar la confianza de los ciudadanos mediante una administración transparente y responsable. La Contraloría, por su parte, otorgó plazos específicos para que se subsanen las irregularidades detectadas, que serán un desafío clave para la nueva gestión municipal.
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