Gobierno abre atención de consultorios a población inmigrante en situación irregular

Para que todos aquellos inmigrantes que permanecen en el país y carecen de documentos o permisos de residencia puedan acceder a una atención médica, el Ministerio de Salud emitió una circular que instruye a los establecimientos asistenciales del sistema público a permitir que se atiendan en los consultorios, pues establece a estas personas como beneficiarias del régimen de prestaciones de salud.

Hasta ahora solo podían acceder al sistema quienes tuvieran su permiso o hubieran iniciado la tramitación de este, pero “esa situación que ha operado como barrera de acceso para la atención de embarazadas, menores de 18 años y atenciones de urgencia”, se señala en la circular de Salud.

8,9% de la población inmigrante que cuenta con residencia no está afiliada a ningún sistema previsional de salud, según la última encuesta Casen (2013).

Con la nueva normativa, se permite a inmigrantes indocumentados acceder a prestaciones como métodos de regulación de la fertilidad -incluida la anticoncepción de emergencia-, vacunas, atención de enfermedades transmisibles como VIH/sida, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual, al programa de alimentación complementaria y a atenciones de urgencia.

Las embarazadas, además, pueden atenderse en el sistema antes y después del parto, y los menores hasta los 18 años podrán acceder a los programas de apoyo al recién nacido y apoyo al desarrollo biopsicosocial.

2,5% de la población en Chile corresponde a extranjeros residentes en el país, según estimaciones del Departamento de Extranjería.

Para esto, en junio recién pasado, el Ministerio de Salud estableció que los inmigrantes no documentados deben inscribirse en un consultorio como beneficiarios de Fonasa, suscribiendo un documento, en el cual declaren que carecen de recursos. Al hacer ese trámite, se les asigna un número de registro, que funciona como si fuera su rut, pero solo para ser usado dentro del sistema sanitario.

410.988 inmigrantes habían obtenido su residencia definitiva hasta diciembre de 2014. De quienes llegan sin documentos, no hay estadísticas.

Desde Fonasa explicaron que “una vez que se les ha asignado el número de identificación provisorio y se les ha calificado como carentes de recursos, en el tramo A, pueden ser incorporados al sistema per cápita en los establecimientos de salud; por tanto, estos establecimientos pueden recibir el aporte estatal dispuesto por este concepto” y los pacientes, atenderse de manera gratuita, al igual que los chilenos que están en ese tramo.

Así, también pueden acceder a las prestaciones incluidas en el plan AUGE o en la Ley “Ricarte Soto”.

Población bajo control

“Es un tema humanitario, porque no podemos negarles el acceso a salud a los inmigrantes”, dice el alcalde de La Granja y presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpín. Y agrega que “también resuelve un problema sanitario porque tener a un número de población creciente sin control puede generar problemas mayores para la comunidad en general”, por la posibilidad de propagación de enfermedades.

De hecho, en la circular de Salud se reconoce que algunas prestaciones, como vacunas o prevención de enfermedades transmisibles, “van más allá de lo individual porque protegen a toda la población”, especialmente si se considera que en los países de procedencia de los inmigrantes pueden existir males que en Chile están erradicados o que su prevalencia es menor.

Respecto de la posibilidad de que la eliminación de las trabas de acceso en el sistema de salud pudiera provocar una nueva oleada de inmigración, esta vez motivada por razones de salud, el director del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, plantea que “eso va a pasar con el VIH y la Ley ‘Ricarte Soto’. Pero, al revés, 120 mil chilenos se atienden al año en el Hospital de la Solidaridad de Tacna (…) Con estas herramientas, el turismo médico puede empezar a ocurrir”.

Fuente: MERCURIO

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